Altagracia de Orituco.- La Dra. Nelly Cuenca, promotora de la Coalición Anticorrupción y jefa del departamento  de Derecho del Decanato de la UCLA, Barquisimeto, fue la ponente del foro chat sobre “Capacidades jurídicas para la exigibilidad de servicios públicos de calidad”, iniciativa del proyecto La Gente Propone del Grupo Social CESAP, organizada por los equipos de los municipios Mario Briceño Iragorry (Aragua), ejecutado por la asociada A.C. Portachuelo y José Tadeo Monagas (Guárico), por Acción Campesina.

Entre las conclusiones del encuentro en línea, que enlazó a más de 100 ciudadanos de ambos municipios del país, destacó que el órgano que debe dar respuesta a los ciudadanos en materia de servicios públicos son las alcaldías y los concejos municipales, independientemente del organismo que lo preste.

La Dra. Cuenca, luego de exponer las competencias de las distintas ramas del poder, orientó acerca de las responsabilidades de los municipios y resaltó, a manera de ejemplo, que el suministro de agua puede ser brindado por otra empresa, pero según el artículo 178, numeral 6 de la Constitución, la instancia de reclamo es el Poder Municipal.

La forista explicó cómo debe ser el accionar ciudadano, quien “puede hacer una carta exigiendo al alcalde y a los concejales, con copia a Hidropáez, que fiscalicen y luego informen las causas de las debilidades y planes para superarlas. La presión pública hace maravillas. Ponga copia al Defensor del Pueblo, porque él debe velar que los servicios públicos funciones correctamente, art. 281, numeral 2 de la Constitución”.

Recalcó que aunque sepamos que no hay capacidad para satisfacer las demandas de la población, debido al deterioro de los servicios públicos en general, debe aplicarse la herramienta de las 3D: documentar el caso, denunciar y divulgar, porque si hay algo a lo que los gobiernos temen, es a la opinión pública organizada y pacífica, sin exclusiones, porque todos padecemos la crisis de los servicios públicos”.

Documentar, denunciar y divulgar, tres herramientas para la exigibilidad de los servicios públicos

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